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Cómo podemos eliminar nuestro rastro en internet?


En general, los usuarios buscan eliminar eso que puede molestarles a nivel personal o en lo laboral, pero también hay opiniones vertidas por terceros que pueden afectar la propia imagen.

El derecho al olvido, explica la abogada Jessica Matus, fundadora y directora de la fundación datos Protegidos es un concepto que se desprende a partir del Tribunal de Justicia Europeo, pero que se refiere al ya existente derecho a la protección de datos personales. El organismo lo utilizó en la sentencia de 2014 del caso de Mario Costeja, un español que pedía desindexar de Google una deuda que tenía en los años 90, pero que seguía apareciendo en el buscador y que estaba publicada en un diario oficial.

"El fallo abrió el debate sobre por qué una empresa privada puede tener atribuciones de determinar cuándo una información puede estar pública y cuándo no, cuando esta pudiese afectar al derecho a la privacidad u otros involucrados, como la libertad de expresión", dice la abogada. Explica que lo que busca el llamado "derecho al olvido" es la facultad que tienen las personas de solicitar la desindexación de cierta información que está asociada a un nombre. "Entonces, no es que se borre, sino que el motor de búsqueda deja de indexarlo públicamente", añade.

Con respecto a la situación en Chile, dice que el llamado "derecho al olvido" no debiera estar estipulado explícitamente en una nueva Constitución, puesto que el Artículo 19 ya se refiere al respecto y existe la Ley N°19.628, sobre la Protección de la Vida Privada. "El tema es cómo se ejercita ese derecho y qué herramientas te da la ley para poder hacerlo", dice la abogada. Ella recomienda que se puede presentar un recurso de protección (acción constitucional por afectación al derecho de la protección de sus datos); tomar acciones civiles para reparar los daños y perjuicios; ejercer los derechos ARCO del art. 12 de la ley 19.628 ante el responsable del tratamiento de los datos, y si no obtiene respuesta o es negada, puede recurrir judicialmente en un procedimiento sumario".

Matus también explica que están los denominados derechos ARCO (de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de información), en el artículo 12º de la Ley, para poder tener control sobre los propios datos personales y que están estipulados en la ley misma. Alguien que piense que se ve afectado por la publicación de sus datos personales sin su consentimiento, como sucede en los rutificadores, debe de contactar directamente al responsable de la carga de esos datos a Internet. Según consta en el Artículo 16° de la Ley, este tiene dos días hábiles para pronunciarse a la solicitud y, de no ser así, "el titular de los datos tendrá derecho a recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio del responsable".

Eliminando enlaces
La especialista comenta que la existencia de este tipo de publicaciones e información en internet que ha sido subida sin consentimiento del usuario y que contienen datos de la vida privada, pueden afectar a la construcción de los perfiles de las personas. "Y esos perfiles que se construyen pueden generar discriminación o ser equivocadas. Errores del pasado o publicaciones pueden afectarte o determinar tu futuro", comenta Matus. Muchas veces, ya que los mismos sitios entregan la posibilidad de eliminar la propia información, es un tema de autocuidado. "Pero uno no hace tanto el ejercicio de buscarse en internet. Es como de hacer un data detox y revisar qué es lo que hay sobre mí", añade.

Pedro Huichalaf, ex Subsecretario de Telecomunicaciones del segundo Gobierno de Michelle Bachelet y miembro de Magliona Abogados, explicita que no es que la información en sí se borre de las redes, sino que lo que se logra es que los buscadores no la indexen para sus resultados. "Más que haber empresas que hagan esos trabajos, en teoría tratan de eliminar algunos links de los buscadores, más que eliminar la información desde los bancos de origen. Si yo escribo en mi blog en contra tuya, no borrarán esa información, sino que probablemente los enlaces de indexación o intentarán potenciar más otros contenidos para que quede de los últimos resultados", advierte.

Además, añade que "si una empresa u organización toma como referencias fuentes externas a las tuyas y las da por hecho, puede resultar discriminatorio". "Hay países que exigen saber qué es lo que haces en tus redes, como Estados Unidos, porque quieren saber si existe algún factor de riesgo por tu conducta en Internet. Hay causas que pueden resultar válidas, pero otras que no, como la de los empleadores", plantea.

Hay algunos casos, como el sucedido con el fiscal Jorge Abbott, en el que, más que apelar al "derecho al olvido" se apelan a otras instancias. "Como no está concebida como tal en la legislación chilena, se puede recurrir a un recurso de protección y que se ha utilizado para la eliminación de ciertos antecedentes que pudiesen afectar tu honra. Se alude a otros derechos, más que al derecho al olvido", dice el abogado especialista, y luego ejemplifica: "Si eres acusado de un delito y de la investigación se desprende que eras inocente, pero si buscas tu nombre y aparecen aún esos antecedentes donde hay dudas de si eres un delincuente o no, hay quienes apelan a la dignidad y la privacidad para la baja de la indexación del contenido, pero no es derecho al olvido porque no está en la legislación chilena, pero sí está esta otra figura que produce una figura similar y el efecto deseado".

Fuente: www.latercera.com